La supervivencia deRiver Island pende de un hilo: la cadena de moda británica quiere someterse a una reorganización judicial, pero sus propietarios se oponen. Este jueves, un juez decidirá sobre el futuro de la marca.
Medidas draconianas
A finales de julio, River Island anunció que necesitaba medidas draconianas para sobrevivir. La cadena anunció un plan de reorganización en el que quería cerrar 33 tiendas, reducir significativamente (o suprimir por completo) el alquiler de otros 71 locales y condonar parte de las deudas -incluidos los impuestos municipales pendientes-. Sin estas medidas, la empresa de moda advirtió que se quedaría sin dinero antes de finales de agosto.
Si tres cuartas partes de los acreedores aceptaban el plan de rescate, los propietarios (la multimillonaria familia Lewis) accedían a conceder un préstamo de emergencia de cuarenta millones de libras (casi cincuenta millones de euros). Sin embargo, aunque resultó que el 80% de los acreedores apoyaban el plan, en algunos grupos de acreedores, incluidos los propietarios, se obtuvieron menos de tres cuartas partes de los votos. Como eso es demasiado poco para aplicar los planes sin la aprobación del tribunal, la decisión final corresponde ahora al juez, que se pronunciará el jueves.
Los propietarios sufrirían pérdidas significativas si se aprobara la reorganización: para la mayoría de las tiendas que permanecen abiertas, River Island pide reducciones del alquiler de hasta el 75% durante tres años. Para 24 tiendas, incluso se ha exigido no pagar alquiler alguno durante ese periodo. Otros acreedores, incluidos los gobiernos locales, también tendrán que hacer concesiones sustanciales si el plan sigue adelante.
